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Boletín de noticias 16 de abril de 2012
IN MEMORIAM
JUAN FERNANDO JARAMILLO PÉREZ
Nos conmueve profundamente la noticia de la partida de Juan Jaramillo. Varios de los integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) recordamos a quien fue parte de nuestro equipo, como investigador en el área de justicia y derechos humanos, cuando apenas iniciábamos labores. También recordamos que, incluso antes de esto, ya Juan era parte del movimiento de derechos humanos en el Colectivo de abogados para defensa de los derechos humanos del CINEP. Otros tantos lo recordamos por su trabajo en la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, desde donde hizo importantes contribuciones a la promoción de los derechos en Colombia y a la defensa de la Constitución. Algunos más lo recordamos como miembro de DeJusticia, o como parte del grupo de interés en la reforma a la justicia de la Misión de Observación Electoral (MOE). Y, cómo no hacerlo, muchos de nosotros lo recordamos como profesor de la Universidad Nacional, uno de aquellos que difícilmente se olvida, y quien fue determinante en la elección de nuestro camino como defensoras y defensores de derechos humanos.
Recordando a Juan se mezclan la profunda tristeza que para todos produce su ausencia, con rostros de sonrisas al evocar su compromiso, su pasión y su generosidad en la enseñanza del Derecho a las nuevas generaciones de abogados y abogadas que él contribuyó a formar a lo largo de su vida docente. Con este mensaje queremos rendirle un sentido y afectuoso homenaje.
Todas y todos los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus compañeras y compañeros en DeJusticia, a sus amigas y amigos, a sus colegas y a sus estudiantes. Compartimos el profundo dolor que significa esta pérdida, y les hacemos llegar nuestros más sinceros sentimientos de afecto y solidaridad.
Juan siempre estará presente en nuestra memoria.
LA SILLA VACÍA
JUAN FERNANDO JARAMILLO, Q.E.P.D.
Hoy es el entierro de Juan Jaramillo, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex funcionario de la Defensoría, profesor de derecho de la Universidad Nacional y bloguer de La Silla Vacía del grupo de Dejusticia. Y sobre todo, un servidor público ejemplar.
Hay personajes que protagonizan un instante en la historia. Hay otros que aportan todos los días de manera discreta y consistente a hacer de Colombia una verdadera democracia. Juan Jaramillo fue uno de ellos.
Jaramillo, de 54 años, nació en Medellín en una familia paisa de diez hijos. Su papá, Francisco de Paula Jaramillo, fue uno de los líderes antioqueños de la Democracia Cristiana y uno de los grandes promotores de las cooperativas sociales. Juan heredó de él la sensibilidad social que demostró el resto de su vida tanto en su trabajo como activista de los derechos humanos, como en su labor como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
“Su espíritu profundamente igualitario no era en él sólo una idea teórica sino una actitud ante la vida. Juan realmente creía en el deber que tenemos de tratar a todos como personas iguales en dignidad y derechos”, dice Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia e íntimo amigo de Jaramillo.
A Juan Jaramillo todos lo recuerdan por sus carcajadas sonoras y por su bondad.
Juan estudió un doctorado en Alemania acerca de sistemas políticos latinoamericanos. En esta foto, aparece con Angelino Garzón y el padre Pacho de Roux.
A Juan lo atrapó la muerte antes de que terminara un libro sobre constitucionalismo latinoamericano.
Una de las experiencias que más marcó a Juan fue su trabajo como investigador y abogado popular del Cinep en los años 80, recién salido de la universidad Externado. Defendía a campesinos o pobladores que iban a ser desalojados de sus tierras o viviendas. Esa experiencia, dicen sus amigos, consolidó en él el sentido social del derecho, que aplicó luego en varios campos.
En la época de oro de la Defensoría del Pueblo, cuando Eduardo Cifuentes era el Defensor, Juan lideró un proyecto de seguimiento de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Era un proyecto idealista que buscaba crear nuevos parámetros e indicadores para evaluar la gestión de los funcionarios públicos.
El proyecto no logró aplicarse a plenitud porque Cifuentes abandonó el puesto antes de ponerlo totalmente a marchar. Pero algunos académicos de otros países, como Christian Courtis, lo han destacado como una de las experiencias mas importantes e innovadoras en América Latina en monitoreo de políticas públicas desde los derechos humanos, con indicadores y precisión de las obligaciones estatales en este campo.
Algo de eso sirvió luego a la Corte para desarrollar el seguimiento de la sentencia T-025, que abordó de manera integral el problema de los desplazados. De hecho, la primera gran sentencia de desplazados, que es el antecedente directo de la T-025, fue redactada por Juan cuando era el magistrado auxiliar de Cifuentes.
“Es una sentencia un poco olvidada pero es el primer esfuerzo de la Corte por enfrentar globalmente el tema del drama del desplazamiento”, dice Uprimny.
Con Cifuentes, Jaramillo redactó varias sentencias importantes. Entre ellas, la que restringió el fuero militar, excluyendo de la justicia militar las violaciones graves a los derechos humanos; una tutela sobre libertad de información, que tenía que ver con una información inexacta que había dado Semana sobre “alcaldes de la guerrilla”, que es una de las referencias obligadas sobre la relación entre libertad de información y buen nombre; la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, que es conmovedora, sobre todo la descripción que hizo Juan de la inspección judicial que hicieron a las cárceles durante la noche, en donde constataron el terrible hacinamiento carcelario.
Años después, Manuel José Cepeda vinculó de nuevo a Juan a la Corte. En ese despacho, Jaramillo trabajó sobre todo en sentencias de constitucionalidad y en algunos fallos de tutela importantes, como la sentencia en la que la Corte le ordena al Ejército entregar la información de los militares que estaban en San José de Apartadó en 2005 cuando hubo masacres en esa zona. Esa sentencia fue clave para que en el proceso judicial pasara algo, porque las investigaciones estaban muertas. Después de eso hubo condenas. También trabajó en la sentencia que revisó la ley estatutaria sobre el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas.
Pero más que por sus sentencias, sus compañeros de despacho lo recuerdan por la sensatez que aportaba a la elaboración de los borradores de fallo y por la responsabilidad que sentía de ser justo y equilibrado en las decisiones que proponía. (“Suspiraba cuando tenía problemas jurídicos complejos y sus suspiros se oían a cinco oficinas de distancia”, dice uno de ellos ).
“Lograba buscar un balance entre lo que su buen corazón le indicaba y lo que institucionalmente era sensato”, dice Manuel José Cepeda, quien fue su jefe durante más de cuatro años.
Durante años Juan trabajó cercanamente con personas que eran más liberales que él en aspectos morales como el aborto o los derechos de las personas LGBT. Para sentirse cómodo en un espacio de trabajo, Juan no necesitaba compartir una ideología; necesitaba sentir que aportaba.
Juan Jaramillo llegó a convertirse en uno de los magistrados auxiliares con mayor trayectoria en la Corte pues trabajó para Cifuentes, para Cepeda y luego cuando llegó Juan Carlos Henao, su amigo del alma, lo acompañó durante el primer año.
“Trabajó con lo mejor de la Corte¨, dice Mauricio García Villegas, otro de sus amigos más cercanos y quien también fue magistrado auxiliar de la Corte. “Buena parte de la jurisprudencia más influyente pasó por sus manos”.
“Juan era la memoria viva de la Corte”, agrega el magistrado Henao. “Todo el mundo pasaba por su despacho para resolver dudas”.
En realidad, la gente pasaba por la oficina de Juan porque era un gran conversador. Según recuerdan sus colegas, cada cierto tiempo invitaba a su oficina a personas muy disímiles y les hacía preguntas difíciles, como cómo resolver un caso constitucional y las escuchaba a todas con la misma atención y calidez. Y eso lo hacía con personas muy distintas. Podía ser otro magistrado auxiliar o la señora de los tintos, a las que siempre, cada cierto tiempo, las invitaba a charlar y les preguntaba de política o de discusiones constitucionales, y las escuchaba con tanta atención como si fuera el magistrado titular.
“Y si la señora de los tintos decía algo medianamente simpático, Juan lo celebraba con esa risa particular y fuerte que tenía”, recuerda Uprimny. “Y si alguien decía algo medianamente interesante, Juan abría sus ojotes y ponía una cara de asombro, como si le acabaran de revelar la teoría de la relatividad. A todos nos hacía sentir importantes, interesantes y divertidos”, recuerda Uprimny.
Esa habilidad para escuchar y para conectarse poniéndose en los zapatos de los otros hacían de Jaramillo un excelente juez y un gran profesor.
Un profesor muy querido
Aunque era egresado del Externado, Juan siempre dictó clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Después de la Constitución de 1991, con Uprimny y Mauricio García Villegas, diseñó un curso de Teoría Constitucional que rompió con la tradición de enseñar derecho constitucional con base en el modelo francés centrado solo en las instituciones clásicas del Estado.
Dictó Derecho Constitucional y Derecho y Sociedad en América Latina en la Nacional pero también a los funcionarios públicos de la Procuraduría y la Defensoría. Se interesaba mucho por el constitucionalismo latinoamericano y en sus clases lo enseñaba a través de la literatura: Graham Green, Vargas Llosa eran parte de su repertorio. Sus estudiantes lo querían y lo admiraban mucho, como ha quedado en evidencia en los últimos días a través de twitter.
Juan siempre tuvo el dilema entre estar en el sector público o entregarse a la academia. Sentía que en el sector público pasaban más cosas pero era muy agotador y, a la vez, que la academia terminaba alejando a las personas de la realidad.
Al final de su vida había comenzado a sentir cierta urgencia por escribir más y a nombre propio. Por eso se retiró de la Corte y se fue a trabajar a Dejusticia, el centro de investigación sobre temas de derecho y sociedad creado por él y varios colegas abogados de la Universidad de los Andes y la Nacional. Como parte de este grupo, Juan escribía en el blog de La Silla Vacía (su última entrada fue en noviembre).
En Dejusticia co-escribió el texto "Trabajo digno y decente en Colombia" con propuestas para combatir el desempleo y la informalidad del empleo en Colombia. También co-escribió con Catalina Botero, Uprimny y Adriana Fuentes un análisis de jurisprudencia constitucional colombiana (1992-2005) sobre libertad de prensa y derechos fundamentales que está agotado en las librerías hace rato.
Pero se le quedaron varios libros en el tintero, en particular uno sobre constitucionalismo latinoamericano. Después de que le diagnosticaron cáncer hace año y medio, tuvo una noticia mala tras otra y la muerte lo atrapó antes de que pudiera escribir todo lo que tenía en la cabeza. Sus amigos lo despiden hoy. Lo sobreviven su esposa Gabriela y sus hijos Mateo y Diego.
EL NUEVO SIGLO
REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA PENSIONAL
Aunque el Gobierno ha anunciado una reforma pensional, existen muchos interrogantes en el ambiente en cuanto a los objetivos, el alcance y la forma de llevarla a cabo.
Un análisis de la subdirectora de la cámara de seguridad social de Fasecolda, Inti Gómez Andrade, dice que realizar una reforma pensional es una labor monumental que debe generar discusiones con todas las partes interesadas.
Indica que en el libro “Pension Reform: A short guide” de Nicholas Barr, a modo de conclusión se listan los principios y lecciones para la definición de la política de reforma pensional. Resulta interesante analizar la lista propuesta la cual en el tema de principios incluye los siguientes: no se debe olvidar que los sistemas pensionales tienen múltiples objetivos; el análisis debe considerar el sistema pensional como un todo a la vez que debe contemplar escenarios fuertemente desviados del escenario base; el análisis del financiamiento tiene que incluir la manera en la cual éste es generado; el diseño del sistema debe incentivar las estructuras formales, debe tomar en cuenta la capacidad administrativa y los costos y por el último debe tener la capacidad de adaptarse y evolucionar.
Señala que Barr invita a los formuladores de políticas a cuestionarse sobre varios puntos, algunos de los cuales son: ¿cómo se pueden proteger los adultos mayores de la pobreza? ¿qué tipos de diseños promueven el suavizamiento del consumo? ¿cuál es el equilibrio correcto entre contribuciones obligatorias y voluntarias? ¿qué tanto se debe incentivar las pensiones voluntarias? ¿cómo se deben ajustar las pensiones durante la vejez? ¿qué métodos respaldan la sostenibilidad en el largo plazo? ¿qué tan financiado debe estar el sistema obligatorio?
Aunque los temas y cuestionamientos aquí resumidos parecen numerosos, no son en ningún momento exhaustivos, sin embargo, dejan entrever la magnitud de la tarea que tiene el gobierno en sus manos. También, se entiende la aproximación dada a la reforma pensional de países como Chile en el 2008, o Estado Unidos en 1983, en donde se designaron grupos de expertos de diversas profesiones, los cuales trabajaron de manera intensiva por largo periodos de tiempo para presentar sus propuestas al Gobierno.
Para la reforma pensional que nos ocupa, se ha hablado de la designación de una comisión intersectorial de pensiones y beneficio económicos al igual que se ha mencionado que estaría lista en el segundo semestre del presente año. A la luz de los elementos mencionados por Barr, confiamos en que el tiempo y los recursos asignados sean suficientes para generar una propuesta exitosa.
REVISTA SEMANA
CONSEJO DE ESTADO DIRÁ SI CONTRALORA PUEDE INVESTIGAR A MAGISTRADOS POR 'CARRUSEL' DE PENSIONES
Con el fallo los magistrados le pondrían punto final a una polémica en la que se quiere establecer si la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la que tiene la competencia de investigar fiscalmente a los magistrados.
Se espera que este lunes el Consejo de Estado defina si la Contraloría General puede o no hacer investigaciones fiscales a los magistrados de las altas cortes. Esto luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, elevó una consulta al alto tribunal.
El viernes los magistrados se reunieron durante varias horas para analizar si el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) -en el que se definió que la contralora, Sandra Morelli, no podía investigar fiscalmente (por manejos de presupuesto) a los magistrados-, está ajustado a ley.
Lo cierto es que ese mismo día la Contraloría entregó una comunicación en la que no sólo anunció que reasumía las investigaciones fiscales a los no aforados, sino que también aseguró que no tenía impedimento para indagar las actuaciones fiscales de los magistrados de la Sala Administrativa del CSJ.
"(...) básicamente porque no estaban abiertas en el momento de la decisión y porque se debe entender que estos magistrados sí realizan gestión fiscal", se leía en el texto entregado por la contralora.
La decisión fue claramente en contravía del fallo de la sala de conjueces que determinó que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de investigar a los magistrados de las altas cortes.
¿QUIÉN LE TEME A SANDRA MORELLI?
La funcionaria le ha devuelto a la Contraloría un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. Mientras el Consejo de Estado estudia una demanda que busca tumbar su elección, sus decisiones le han granjeado fuertes enemigos.
Sandra Morelli ha dado muestra de un talante avezado como pocos que hayan dirigido la Contraloría General de la República. Una de las muestras más recientes de audacia se presentó con la decisión de adelantar un juicio fiscal contra 23 magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14 exfuncionarios de la Justicia.
Al abrir investigaciones a los magistrados y reclamar la competencia para hacerlo, la funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado a un sector de la Rama Judicial que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado por el ente de control y, por el otro, a la Comisión de Acusaciones, famosa por su falta de decisiones en los procesos, que arguye una usurpación de sus competencias constitucionales.
El pulso por quién debe investigar a los magistrados conti-nuó hasta hace dos semanas cuando la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura les dio la razón a los congresistas. El fallo del alto tribunal ordenó trasladar la investigación por el polémico carrusel de las pensiones de la Rama Judicial a la comisión parlamentaria. Ante esta sentencia, Morelli pateó el tablero. Anunció que no investigaría a funcionarios aforados hasta que no se aclare si esa es su competencia.
Con esta reacción dio a entender que estaba maniatada para investigar a otros personajes como el exministro Andrés Felipe Arias por el manejo de los subsidios del controversial programa Agro Ingreso Seguro, o al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por el manejo de los recursos del departamento durante su gestión. Además, aseguró que el paso de la investigación a esa célula legislativa era prácticamente una decisión "absolutoria".
Así consiguió el apoyo de sectores de opinión que se preguntan a la Justicia quién la ronda, y rechazan las pensiones inmerecidas en una sociedad caracterizada por la inequidad. También prevalece en el ambiente la idea de que lo más probable es que la investigación a los magistrados duerma el sueño de los justos y ratifica que hay poderes 'intocables'. Con su paso al costado, Morelli envió el mensaje de que, en últimas, la víctima es la Justicia.
Pero esta no es la primera vez que la contralora toma decisiones audaces. Tan pronto llegó a la entidad denunció a su antecesor por despilfarro. Su cruzada contra la corrupción siguió con la investigación contra las entidades territoriales y funcionarios del Ministerio de Hacienda por la presunta falta de controles en la aprobación de las vigencias futuras. Su posición, que al comienzo causó desconcierto entre funcionarios del Ejecutivo, obligó al Congreso a reglamentar esta figura para permitir el endeudamiento de los municipios.
Después vino el capítulo Bogotá. Morelli ordenó embargar las cuentas del entonces alcalde Samuel Moreno y de su predecesor Luis Eduardo Garzón, que hacían parte de la lista de investigados por su responsabilidad fiscal en la contratación. Y, después, suspendió de sus funciones en el cargo al entonces director del cuestionado IDU, Néstor Eugenio Martínez, por demorarse en entregar reportes sobre el desarrollo de la Fase III de TransMilenio en la calle 26.
En su paso por la entidad ha suspendido a tres gobernadores y varios exgobernadores están bajo su lupa. A finales de 2010 Morelli pidió la suspensión del entonces gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, por los sobrecostos en la compra de unos kits escolares. El cálculo del detrimento patrimonial por las irregularidades de ese caso fue de 2.500 millones de pesos y Díazgranados terminó sancionado por la Procuraduría con una inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos.
A dos meses de la elección de alcaldes y gobernadores, en agosto de 2011, pidió suspender al entonces gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, por las rebajas que hizo la Empresa Departamental para la Salud a las transferencias que debía aportar la empresa de chance Susuerte. La investigación también terminó en la inhabilidad de diez años del exmandatario.
Y el caso más reciente fue el del recién posesionado gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, que fue sancionado fiscalmente por el detrimento patrimonial del departamento producto de la firma de varios contratos cuando él fue secretario de Salud del cuestionado Juan Carlos Abadía. Por ahora, la sanción contra Useche va en una multa por 2.000 millones de pesos.
Morelli también ha hecho varios controles de advertencia a empresas responsables de transporte masivo en varias ciudades, entidades encargadas de ejecutar presupuestos para mitigar el invierno, mineras y hasta a Ecopetrol por la falta de mantenimiento de los oleoductos. En la última semana no se escaparon los Ministerios de Trabajo y Hacienda, a los que les advirtió que debían tomar decisiones para evitar que la deuda pensional comprometa al patrimonio del Estado.
La cruzada contra la corrupción emprendida por Morelli ha sido apoyada por gran parte de la institucionalidad. Al comienzo de su gestión, la entonces fiscal, Viviane Morales; el procurador, Alejandro Ordóñez, y el propio gobierno se unieron en esa causa. Y el activismo de su gestión ha sido celebrado por analistas y columnistas.
Atrás quedaron los días en los que el fallecido congresista Víctor Renán Barco llamaba a hacer una enmienda constitucional para que el periodo de los contralores pasara de cuatro a ocho años: "Cuatro años en el ejercicio de sus funciones de máximo fiscalizador y los otros cuatro purgando las penas que le impongan los jueces por sus turbios manejos en el desempeño de las mismas". En la lista de contralores no faltan los que fueron a parar a la cárcel, como Julio Enrique Escallón, Aníbal Martínez y Manuel Francisco Becerra. El ente de control hoy en día goza de una buena imagen. En febrero pasado, en la encuesta bimestral de Gallup, la Contraloría sigue registrando un alto índice de favorabilidad (el 67 por ciento) al lado de instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía.
Sin embargo, hay quienes consideran que la estrategia de abrir muchos frentes somete a Morelli a un riesgo muy alto. Y por eso en el mundo político, en el que las posiciones cambian a conveniencia, hay quienes la quieren frenar. La contralora ha tenido otras actuaciones que han dejado ver su carácter impulsivo, como cuando se enfrentó con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, por las partidas para ampliar la nómina de la entidad para vigilar las regalías. En el caso de la investigación por las pensiones de los magistrados ya el procurador ha pedido mesura. Hay quienes consideran que ni son todos los que están ni están todos los que son. "¿Por qué la Contraloría no investiga el carrusel de la Procuraduría?", se preguntó el columnista Ramiro Bejarano.Y no faltan los críticos que consideran que a la contralora la asiste un afán de protagonismo y que se está convirtiendo una especie de Savonarola que no deja títere con cabeza.
Aunque ha mostrado que no les teme a los corruptos, la apuesta de la contralora ha sido arriesgada, pues ha tocado poderes tanto nacionales como regionales, que no están cómodos con sus actuaciones. Y sus adversarios están a la espera de que se equivoque en cualquiera de sus movimientos para bloquearla, pues el grupo de funcionarios que ha caído en su radar es amplio. "Cuando se quiere combatir la corrupción hay que hacerlo estratégicamente, identificar los frentes más importantes y actuar. Pero abrir muchos al tiempo es un error de cálculo", explicó el analista político Fernando Giraldo.
Ante el inminente fallo del Consejo de Estado, que estudia una demanda contra su elección por su presunta falta de cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, y más allá de lo que opinen sus críticos, sería lastimoso que la Contraloría siguiera el camino de interinidad que agobió a la Fiscalía por tres años.
CMI
GOBIERNO: A RENDIR CUENTAS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional citó al Gobierno a una audiencia para que rinda cuentas sobre el manejo del sistema general de salud y las medidas que se han adoptado para superar los problemas financieros y de acceso a los servicios que presenta.
Para el Alto Tribunal, pese a los informes positivos presentados por el Gobierno, persisten barreras y obstáculos que afectan el flujo de recursos al interior del sistema de recobros, la sostenibilidad financiera y el acceso efectivo a los servicios de salud que la población requiere.
Según la Corporación, problemas como la carencia de fuentes de financiación, valores recobrados y pagados que exceden los topes máximos determinados por el Gobierno e irregularidades en el sistema de verificación, control y pago de las solicitudes de recobros son algunas de las fallas que están afectando el sistema.
La Corte explica que se requieren decisiones profundas e integrales por parte de los organismos responsables, ya sean regulaciones legislativas, estatutarias o reglamentarias para superar definitivamente las barreras y problemas del sistema que impiden garantizar el acceso a los servicios y el goce efectivo de los derechos a la salud.
“Propender por soluciones profundas, definitivas e integrales frente a una problemática recurrente que ha sido puesta de presente en múltiples pronunciamientos de la Corte”, indica el auto de citación.
El próximo 12 de mayo los ministros de Salud, Beatriz Uribe, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, además de todos los organismos asociados al sector de la Salud, tendrán que presentarse ante los magistrados de la Corte Constitucional.
«HAY UNA NECESIDAD EN EL PAÍS DE ELIMINAR LA JUDICATURA»: MINJUSTICIA
Según Esguerra «la Sala Disciplinaria no ha venido desempeñándose ni remotamente como soñó el Constituyente del 91».
El ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, comentó que espera lograr convencer al Congreso de la República acerca de la necesidad de terminar con el Consejo Superior de la Judicatura.
“Más que conveniencia, es necesidad lo que hay en el país, de terminar esa institución, tanto por lo que hace a su Sala administrativa, como a la Sala disciplinaria”, indicó Esguerra.
Y agregó que “la Sala Disciplinaria no ha venido desempeñándose ni remotamente como soñó el Constituyente del 91 que fuera a funcionar. Esperamos convencer al Congreso de que a gritos se está pidiendo la organización y funcionamiento adecuado de la justicia. Anhelamos que se acepte la propuesta de eliminar lo que existe y de reemplazarlo tal y como nosotros lo hemos propuesto”.
El ministro Esguerra explicó que en el proyecto se establece una Sala de Gobierno que reemplazaría a la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, y tendría delegados de jueces y magistrados, y a un delegado de los empleados judiciales, para que puedan participar sobre las decisiones y deliberaciones que se adoptan en materia del manejo de la Rama.
CARACOL RADIO
CONTRALORÍA REINICIARÁ PROCESOS Y ANUNCIA NUEVAS INVESTIGACIONES A MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA
La contralora Sandra Morelli anunció que remitirá la investigación del ‘carrusel de las pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura a la Comisión de Acusación de la Cámara, porque el fallo de los conjueces así lo ordena, pero al mismo tiempo anuncia que abrirá nuevos procesos a magistrados de la Sala Administrativa de esa corporación por presuntas irregularidades en inversiones de obras civiles y nuevas pensiones, logradas aparentemente de manera irregular.
Según argumenta la contralora Morelli, el fallo de los conjueces es claro en señalar que debe trasladar el proceso que se refiere exclusivamente al denominado “carrusel de las pensiones”, pero no impide que pueda abrir nuevas investigaciones "no sólo a los demás aforados constitucionales sino a otros magistrados del Consejo Superior de la Judicatura”.
Igualmente anunció que levanta la suspensión que fijó el pasado 10 de abril a los procesos que adelantaba contra funcionarios y exfuncionarios que gozan de fuero constitucional como Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Andrés Uriel Gallego y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, entre otros.
Para Morelli, debe entenderse que es un fallo -el de los conjueces- que solamente surte efectos para el caso concreto y que en nada afecta, no solamente a los demás aforados constitucionales, sino tampoco las investigaciones que posteriormente pudieran abrirse contra otros magistrados de esa Alta Corporación, por ejemplo las que tendrán lugar próximamente respecto de los magistrados de la Sala Administrativa de la misma Corporación, básicamente porque no estaban abiertas al momento de la decisión y, en segundo lugar, porque debe entenderse que precisamente estos magistrados sí realizan gestión fiscal, toda vez que se les ha asignado y confiado directamente el manejo del patrimonio público".
Con base en las declaraciones de los conjueces y en el entendido que la decisión es absolutamente clara, se reanudan por lo tanto todas y cada una de las auditorías y demás actuaciones suspendidas contra los funcionarios previstos en el artículo 235 de la Constitución Política (ministros, gobernadores y directores de Departamento Administrativo).
Igualmente se continuará con la función de dar opinión al balance general de la Nación.